La Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) recomendó eliminar el esquema actual de tarifa fija para la recarga de vehículos eléctricos en el país y permitir que cada operador negocie el precio directamente con sus usuarios. La recomendación fue remitida al intendente de Energía, Mario Mora, y todavía debe pasar por un proceso de audiencia pública antes de convertirse en una decisión definitiva.
Actualmente, el uso de una estación de recarga pública en Costa Rica tiene un costo regulado de ₡126 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por cada minuto de carga. Bajo la propuesta de ARESEP, ese monto único desaparecería y cada empresa operadora de estaciones de recarga podría fijar su propio precio.
El fundamento legal de la propuesta está en la Ley para el Fomento a la Infraestructura de Recarga Eléctrica, que declara este servicio de interés general pero lo sujeta a un régimen de libre determinación de precios. Según el análisis técnico de la Intendencia, ese marco permite que el prestador del servicio y el usuario final negocien libremente el costo de la recarga, en lugar de que exista un valor impuesto por el regulador.
Por ahora, el documento conocido no establece ni un precio máximo ni uno mínimo de referencia, y tampoco implica un cambio inmediato en las tarifas. Mientras no concluya el proceso regulatorio, el cobro vigente de ₡126 más IVA por minuto se mantiene como la referencia oficial.
Qué implicaría para quienes usan vehículos eléctricos
Si la propuesta avanza, los conductores podrían encontrar precios distintos según la empresa, la ubicación o las condiciones comerciales de cada estación de recarga. Esto abriría espacio a mayor competencia entre proveedores del servicio, aunque también generaría un mercado con tarifas desiguales, algo que hoy no ocurre bajo el esquema regulado.
Rosa Sánchez, presidenta de Consumidores de Costa Rica, planteó que cualquier cambio en el modelo debe garantizar que la calidad del servicio no se vea afectada. Sánchez recordó que, aunque el precio deje de ser fijado directamente por ARESEP, la institución conservaría su función de fiscalización sobre los operadores, un punto que consideró clave si el mercado empieza a manejar tarifas distintas entre prestadores.
Próximos pasos
El siguiente paso corresponde a la Dirección de Atención al Usuario de ARESEP, que deberá convocar una audiencia pública para que consumidores, empresas y otras partes interesadas puedan presentar sus observaciones antes de que se emita una resolución final.
Costa Rica ha impulsado en los últimos años la expansión de su red de recarga pública como parte de su estrategia de electrificación del transporte. Un cambio en la forma en que se fija el precio de este servicio tendría un efecto directo en el costo de operar un vehículo eléctrico en el país, por lo que el resultado de este proceso regulatorio será relevante tanto para quienes ya tienen un EV como para quienes evalúan comprar uno.
